El objetivo de este instrumento es promover y garantizar a las personas con discapacidad el disfrute pleno e igualitario del conjunto de derechos humanos.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves, por 66 votos a favor y una abstención, la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad. De esta manera, el texto quedó en condiciones de ser analizado en segundo trámite constitucional por el Senado.

El instrumento tiene como objetivo promover, proteger y garantizar a las personas con discapacidad el disfrute pleno y por igual del conjunto de derechos humanos. Por ello, la iniciativa considera ámbitos como accesibilidad, libertad de movimiento, salud, educación, empleo, habilitación y rehabilitació n, participación en la vida política, y la igualdad y la no discriminació n hacia las personas con discapacidad.

Valoración gubernamental

Al término de la votación, la ministra de Planificación, Paula Quintana, destacó que en virtud de la convención el Estado chileno se compromete a respetar de manera integral los derechos para las personas con discapacidad, de la misma forma como lo hace para la ciudadanía en su conjunto.

La autoridad agregó que esto significa “establecer obligaciones para el Estado que permitan avanzar en procesos administrativos, la formulación de políticas públicas y en lo normativo, para que se puedan garantizar los derechos de las personas con discapacidad” .

“Tenemos limitantes objetivas y esas limitantes están en las actitudes de las personas, en nuestras actitudes sociales, en el entorno. No están en las personas con discapacidad. Y es importante que lo podamos asumir como Estado, país y sociedad”, resaltó.

La Convención Internacional para los Derechos de las Personas con Discapacidad fue adoptada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y entrará en vigor el 3 de mayo de 2008.

Entre otras medidas, el instrumento busca garantizar la participación e inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad, así como el respeto de la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad.

En tal sentido, los Estados Partes se comprometen a adoptar las acciones necesarias para asegurar que los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, en igualdad de condiciones.

Asimismo, los Estados asumen la necesidad de implementar medidas tendientes a asegurar su acceso pleno a la educación, en todos sus niveles, a través de materiales, técnicas y las formas de comunicación adecuados para las personas con discapacidad, como a adoptar medidas efectivas y pertinentes para que este segmento de la población pueda lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida.